Servicios de investigación

1. La consulta cívica es gratuita y lo seguirá siendo. Ningún dato publicado en la plataforma se esconde detrás de un pago. Los Servicios, las licencias y las donaciones sostienen el trabajo; no compran acceso a la información pública.
2. Abierta a todos, con las mismas reglas para todos. Pueden usarla, contratar un servicio o licenciar sus herramientas la ciudadanía, organizaciones, medios, empresas, universidades públicas y privadas y también gobiernos y dependencias. Nadie queda excluido; nadie tiene trato especial.
3. Lo que no está en venta: las conclusiones y lo que publicamos. Ningún cliente, donante, gobierno ni partido puede pedir que se retire, se suavice o se retrase una publicación, ni decidir qué se investiga en la plataforma pública.
4. Quien encarga define la pregunta, no la respuesta. Si los documentos no sostienen lo que esperabas encontrar, el entregable lo dice. Las conclusiones no se negocian.
5. Los conflictos de interés se dicen antes de empezar. Si quien solicita es parte del caso (proveedor, dependencia o persona servidora pública involucrada, o contraparte en un litigio), se señala en la cotización. Si compromete la independencia, el encargo se declina.
6. Las donaciones no compran contenido. Se agradecen y se reciben de cualquiera que comparta el propósito, pero no dan derecho a decidir qué se investiga, qué se publica ni cómo se dice.
7. La misma regla para todo. Cada cifra lleva su documento y una de tres etiquetas: oficial, derivado o pendiente. Lo que no se puede sostener se queda pendiente, también en un encargo.
8. Es investigación documental y análisis de indicios, no un dictamen. Revisamos documentos públicos y señalamos inconsistencias. No es un peritaje, no es asesoría legal y no acusa a nadie de un delito: eso le corresponde a las autoridades. Un encargo que requiera dictamen pericial se cotiza aparte, con su alcance, su metodología y su responsable profesional.
9. De qué respondemos y de qué no. Respondemos de que cada dato coincida con el documento oficial que citamos, y si nos equivocamos lo corregimos en público, diciendo qué cambió. No respondemos del contenido de los documentos oficiales, que es de la dependencia que los emite, ni de las decisiones que alguien tome con la información.
10. Solo fuentes lícitas. Documentos públicos y solicitudes de acceso a la información. No obtenemos datos personales ni información reservada por vías indebidas.
11. Nuestro método y nuestras herramientas son nuestros. El entregable de un encargo es de quien lo encarga. Las herramientas, el método y la base de la plataforma son de Auditavisión: se pueden licenciar, pero una licencia no da control sobre lo que la plataforma publica.
12. Tus datos y tu encargo son confidenciales. No publicamos quién encargó qué sin su permiso, y lo que la plataforma publique después sale solo de fuentes públicas.
13. Rendimos cuentas de cómo nos sostenemos. Cada año publicaremos cuántos encargos recibimos, por tipo de cliente (incluidos los gobiernos), y cuánto entró por cada vía: Servicios, licencias y donaciones. Si el gobierno falla en transparentar, nosotros ponemos el ejemplo.

Versión 2 · 10 de octubre de 2026.